Para quienes habitan dentro o alrededor de la reserva, conservar sus bosques no ha sido una tarea fácil en un contexto de cambio climático, expansión del cultivo de aguacate y presencia del crimen organizado.
Por Thelma Gómez Durán / Mongabay Latinoamérica@Thelmagomezdura / Foto Cuartoscuro/ Animal Político /11 de septiembre, 2021. Diez hombres toman el machete y se encaminan al monte. Entre oyameles, pinos y encinos, recorren veredas que ya conocen de memoria. Al día siguiente, otros diez hombres harán lo mismo. Su encomienda es que los árboles que habitan en sus tierras sigan en pie, que nadie intente tumbarlos.
Participar en los recorridos de vigilancia es una de las varias tareas que deben realizar los 260 ejidatarios que forman parte El Rosario, uno de los 57 ejidos y 13 comunidades indígenas de Michoacán y del Estado de México con territorio dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, un área protegida conocida en el mundo porque a sus bosques llega a pasar el invierno, después de un largo viaje de cuatro mil kilómetros, la mariposa monarca.
Los recorridos de vigilancia se hacen todos los días; es una forma de “cuidar lo de nosotros”, remarca el ejidatario Adrián Cruz, de 59 años y habitante de Rincón de San Luis, poblado del ejido El Rosario.
Pero la conservación de estos bosque —que son mucho más que mariposas, son el territorio del que depende la vida y el futuro de ejidos y comunidades—, enfrentan cada vez más retos: los ejidatarios que son dueños de estas tierras han visto cómo aumentan los eventos climáticos extremos, cómo alrededor de la reserva se sustituyen los árboles nativos por plantas de aguacate y cómo cada vez es más evidente la presencia de grupos del crimen organizado.
Pagar por conservar
En noviembre del 2000, el gobierno mexicano amplió la reserva de la Biósfera a 56 mil hectáreas (en 1986 solo se habían protegido 16 mil), con el objetivo de garantizar la conservación de los bosques donde se encuentran los principales sitios de hibernación de la monarca.
A los ejidos y comunidades que se encontraban en la zona núcleo se les prohibió talar árboles, aunque tuvieran permiso y respetaran los planes de manejo forestal. Esa prohibición provocó enojo y resistencia.
“En ese entonces, en algunas comunidades comentaban que nos preocupábamos más por la mariposa y no por la vida de ellos y de sus hijos; que no nos importaba que se murieran de hambre, con tal de que estuviera el bosque para la mariposa”, explica la bióloga Guadalupe del Río, fundadora de Alternare, organización no gubernamental que trabaja en la región antes de la ampliación de la reserva.
Mariposa Monarca. Foto: @AlianzaWWF-FundacionTelmexTelcel
Para compensar económicamente a los ejidos y comunidades que ya no podían hacer manejo forestal (talar) por estar dentro de la zona núcleo, se creó el Fondo para la Conservación de la Monarca, uno de los primeros pagos por servicios ambientales en el país; para ello la Fundación David y Lucile Packard de Estados Unidos aportó cinco millones de dólares, a eso se sumaron recursos de los gobiernos federal, del Estado de México y de Michoacán.
El presupuesto patrimonial que hoy tiene el Fondo Monarca es de aproximadamente siete millones de dólares; “solo los intereses es lo que se utiliza para realizar los pagos a las comunidades”, explica Jorge Rickards, director general de WWF-México, una de las organizaciones no gubernamentales que colabora en la administración del fondo.
De los 70 ejidos y comunidades con territorio dentro de la Reserva de la Biósfera, solo 32 reciben los recursos del Fondo: aquellas que están dentro de la zona núcleo y que han cuidado sus bosques. A partir de 2009, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) sumó otro pago anual —el mismo monto que otorga el Fondo— a las comunidades que cumplen con acciones de conservación.
En El Rosario, Adrián Cruz es uno de los ejidatarios que recibe los recursos del Fondo. A unos metros de una pequeña barranca que él mismo ha reforestado desde que era adolescente, suelta estas cifras: “En la comunidad nos toca de 600 a 800 pesos al año a cada ejidatario. ¿Quién vive con 800 pesos?”.
Rickards acepta que el monto tendría que actualizarse, “el asunto es que para hacer esa actualización, se tendría que aumentar el patrimonio del fondo”. Y, por el momento, no hay planes de incrementar esa bolsa.
En el territorio que forma parte de la Reserva viven alrededor de 27 mil personas; de todas ellas, solo aquellos que son ejidatarios reciben los recursos del Fondo. Por ejemplo, en El Rosario, solo 260 ejidatarios obtienen este pago por servicios ambientales. “Pero nosotros —reclama Adrián Cruz— también tenemos hijos, nietos; ellos no reciben nada y aquí no tienen dónde trabajar. Por eso, migran. Acá se necesitan alternativas de empleo”.
Como las monarcas, muchos de los hombres que viven en estas tierras migran a la Ciudad de México, Querétaro, Toluca o Guadalajara para buscar trabajo, sobre todo, en la construcción. Algunos, al igual que las mariposas, viajan más al norte y llegan hasta Estados Unidos.
Un mérito de las comunidades
Poco después de que nació el Fondo Monarca se comenzó a realizar un monitoreo anual —a cargo de WWF-México— para identificar aquellas zonas donde hay una degradación del bosque, provocada por incendios, tala ilegal o sequía. Para ello se toman fotografías aéreas de alta resolución, que son analizadas por especialistas del Instituto de Biología de la UNAM.
Los datos más actualizados muestran que entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020 se registró tala clandestina en 13.3 hectáreas de la reserva. Esa cifra es cuatro veces la superficie registrada durante la temporada de 2018-2019, cuando fue de 0.43 hectáreas. La tala clandestina se concentra en San Felipe de los Alzati, Nicolás Romero y Crescencio Morales; comunidades ubicadas en Zitácuaro, Michoacán, municipio donde la expansión de los cultivos de aguacate va en aumento.
Pese al alza de las hectáreas afectadas por tala ilegal, el número aún es bajo si se compara con las cifras del 2001 al 2006: entre 150 y 450 hectáreas.
Para el doctor Alfonso Alonso, miembro de la junta de Monarch Butterfly Fund e investigador del Centro para la Conservación y la Sustentabilidad del Smithsonian Conservation Biology Institute, los datos muestran que “la tala ilegal que se tenía años atrás, ahora ya no se da… Eso es la mejor prueba del éxito del Fondo Monarca”.
Rickards, de WWF-México, reconoce que “si hoy tenemos los bosques en buenas condiciones es porque prácticamente ha sido decisión de las comunidades. No habría dinero suficiente para poder conservar ninguna área natural si no existe compromiso y voluntad de las comunidades”.
Construir alternativas para las comunidades
A mediados de la década de los noventa, antes de que se ampliara la Reserva, las biólogas Guadalupe del Río y Ana María Muñiz comenzaron a visitar la región para impartir talleres sobre conservación. Así conocieron a los campesinos Elia Hernández y Gabriel Sánchez, quienes les confirmaron que la conservación no era posible si no se tomaba en cuenta a las comunidades.
En 1995, biólogas y campesinos decidieron unirse y crear una organización no gubernamental para impulsar proyectos sustentables con las comunidades de la región. Tres años después se constituyó Alternare.
“No podemos llegar y decirle a la gente: ‘conserva, no tales, porque este bosque es para la mariposa’. Ellos son los dueños de la reserva y tenemos que darles alternativas con una visión a largo plazo”, explica Guadalupe del Río, presidenta de Alternare.
Equipo fundador de Alternare. Foto: Cortesía Alternare
Esta organización cuenta hoy con un programa para capacitar a las comunidades en la creación de huertos familiares, elaboración de abonos orgánicos, desarrollo de iniciativas productivas, construcción de estufas ahorradoras de leña, baños secos y cisternas para captar y almacenar agua de lluvia.
Alternare concentra su trabajo en las comunidades que no reciben recursos del turismo, porque en sus tierras no hay santuarios donde llegue la mariposa.
En el último año, las instructoras de Alternare realizaron menos talleres y visitas a las comunidades por el COVID-19. Pero, también, porque los grupos con los que trabajaban les advertían que no era seguro ir.
En la región, se ha hecho aún más visible la presencia de grupos dedicados al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la tala ilegal. En enero de 2020, por ejemplo, el ejidatario Homero Gómez y el guía turístico Raúl Hernández, fueron reportados como desaparecidos; sus cuerpos se encontraron días después.
Incluso, comunidades indígenas de la zona crearon su policía comunitaria, como se documentó en un texto publicado en marzo pasado por Animal Político.
Cambiar pinos por aguacate
El Aguacate, una de las comunidades donde trabaja Alternare, se localiza en los límites de la reserva, en Zitácuaro, Michoacán. En este municipio, el cultivo de aguacate mueve buena parte de la economía y es lo que ha dibujado el pasado y presente de sus habitantes. También podría ser lo que marque su futuro.
El éxito que ha tenido este cultivo en la última década ha llevado a que en este poblado, así como en la región boscosa de Michoacán —y también en algunas zonas del Estado de México—, aumente el interés por tener más plantíos de aguacate.
“Cuando era niña, el bosque estaba aquí, más cerca. Ahora, está más lejos”, comenta una mujer que no tiene más de 40 años y habita en El Aguacate. “Acá —dice— se ha dado mucho derribo de madera. Se han presentado demandas, pero las personas que lo hacen, ahí siguen. No ha pasado nada. Ellos dicen que tienen permiso del ayuntamiento. Y talan para sembrar aguacate. Ese famoso oro verde va comiendo nuestro bosque”.
Mujeres de la Comunidad El Aguacate. Foto: Thelma Gómez
Las mujeres de la comunidad El Aguacate, pero también las autoridades de la Reserva, han detectado una práctica recurrente: después de un incendio, los terrenos que antes eran bosque se transforman en plantíos de aguacate. Esto sucede, sobre todo, en los municipios de Ocampo y Zitácuaro.
Así pasó con el cerro El Cacique —uno de los símbolos de Zitácuaro— que estaba lleno de bosque. En mayo de 2020, en el lugar se registró un fuerte incendio que se prolongó cuatro días y afectó, por lo menos, 100 hectáreas, de acuerdo con el reporte oficial. Ahora, en las partes más bajas del cerro, los pinos fueron sustituidos por árboles de aguacate.
Entre marzo de 2020 y junio de 2021, el entonces director de la Reserva, Felipe Martínez Meza —quien dejó el puesto el pasado 30 de junio— presentó 10 denuncias por tala clandestina ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); una de ellas está ligada al uso de suelo para el cultivo del aguacate en el municipio de Ocampo, dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva.
Para este texto, desde junio, se solicitó información a Profepa para conocer el estado en que se encuentran las denuncias por tala dentro de la Reserva. No se tuvo respuesta.
Mujeres de la Comunidad Rincón de San Luis. Foto: Thelma Gómez
En un artículo científico, publicado en enero de 2021 en Journal of Environmental Management, investigadores de la Universidad de Michigan estimaron que alrededor del 20 % de la deforestación registrada en Michoacán, entre 2001 y 2017, está asociada con la expansión de plantaciones de aguacate.
Además, en otro artículo, publicado en junio de 2021 en World Development, la investigadorade la Universidad Mount Saint Vincent, Columba González Duarte, señala que el éxito comercial que ha tenido el aguacate influyó en el aumento de la extorsión a los propietarios de las plantaciones (de aguacate) a cambio de servicios de “seguridad”.
